Los principales contratos de armamento firmados por el ministerio de Defensa (y actualmente en vigor) se han incrementado ya en 10.000 millones de euros respecto a su coste inicial.
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Estos 49 contratos (ver tabla arriba) que incluyen aviones, helicópteros, tanques, buques, misiles y hasta submarinos, fueron encargados por un valor total de 20.964 millones de euros. Ahora, su coste real es ya de 30.121 millones. Así lo revela unexhaustivo estudio del Centro de Estudios para la Paz.
El fabricante del Eurofighter es uno de los grandes acreedores del Gobierno españolEl contrato para comprar 87 cazas Eurofighter, firmado en 1997, tenía un coste inicial de 6.363 millones de euros. Los 87 cazas cuestan ahora 11.470 millones. "Nuevas variables provocan que suba el precio de un contrato. Por ejemplo, que la tecnología avanza y el mismo avión trae nuevos diseños técnicos que elevan su precio", señala Pere Ortega, uno de los investigadores del centro.
En el caso del Eurofighter, señala Ortega, España ha pedido retrasar la entrega de 15 de estos 87 cazas, prevista para este año. "Esta demora de tres años subirá los costes". El fabricante del Eurofighter es uno de los grandes acreedores del Gobierno español. De hecho, las arcas públicas deben desembolsar este año 1.171 millones para pagar la deuda contraída por el contrato de este caza.
La deuda a la industria lastra todo el presupuestoEse es el gran talón de Aquiles del ministerio de Defensa español: la deuda generada con la industria armamentística, que es ya de 32.000 millones, más que todo el gasto previsto para prestaciones de desempleo en 2013 (26.000 millones) y lo que recauda el Estado por el impuesto de sociedades (19.000 millones).
De hecho, en septiembre el Consejo de Ministros aprobó un crédito especial por valor de 1.782 millones de euros para abonar parte de la deuda acumulada con los proveedores. No solo habrá que pagar los 1.171 millones del Eurofighter, también 242 millones por el tanque Leopard, 76 millones por el helicóptero Tigre y 187 millones por los Buques de Acción Marítima. "La deuda a la industria lastra todo el presupuesto", concluye Ortega.
Menos horas de vuelo
Pero, en un contexto de crisis tan fuerte como la que vivimos, ¿es necesario este gasto tan fuerte en armamento, con contratos comprometidos durante tanto años? La respuesta parece que es no, teniendo en cuenta que el propio Gobierno retrasa las entregas de este material y que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) reconocía hace pocos días en el Congreso que los pilotos han tenido que reducir sus horas de vuelo de 85.000 a 65.000, "las mínimas que necesitan los pilotos para asegurar niveles de seguridad", debido a las restricciones presupuestarias.
Si la crisis se agudiza, "se pueden perder capacidades esenciales de Defensa", enfatizó el Jemad. Pero hay más. En 2013 el 50% de los vehículos del Ejército de Tierra estáran parados para no gastar en combustible: de 1.400 ejercicios se pasarán a 650. Y la plantilla total de los tres Ejércitos se verá reducida el año que viene en 3.572 efectivos.
El presupuesto baja un 11%
España ocupa el 10º puesto mundial en gasto militar. El presupuesto de Defensa para 2013 es de 5.936 millones, un 11% menos que este año, una reducción mucho menor que la que han sufrido otras carteras como Educación (-17%) y Sanidad (-15%). El Centro de Estudios para la Paz, no obstante, asegura que las cuentas de Defensa están "infravaloradas", ya que no se imputan otros gastos militares incluidos en otros ministerios. Así, la cifra se eleva a 15.000 millones.
¿La exportación de armas es inevitable?
La verdad es que no necesariamente. Todo depende de si se produce sólo por razones de seguridad o si se produce para exportar. Sin embargo, las declaraciones oficiales suelen ser circulares: la industria de armamentos asegura la capacidad de defensa; considerados los precios actuales de los productos bélicos, la viabilidad de la industria exige aumentar la producción para reducir costes, la sobreproducción, sin embargo, exige exportar.
Lo cierto es que hay industrias creadas en función de la exportación y no de la satisfacción de las necesidades del mercado interior. Hay países donde sólo se exporta una cuarta o quinta parte de la producción (Suecia, Alemania), otros, como Italia, exportan por el contrario un 70% de su producción.
España (como Francia y Gran Bretaña) exporta entre un 40 o 50% de la producción del sector, lo que significa que muchas armas son diseñadas para ser vendidas en el exterior.
¿La exportación de armas tiene que ver con criterios políticos?
Justificar la exportación hablando de la necesidad de reducir costes y de rentabilizar el esfuerzo de investigación y desarrollo supone olvidar el carácter político de la industria de defensa. Todo la industria de defensa es favorecida y fomentada por los gobiernos; todo goza de incentivos y subvenciones; existen legislaciones o reglamentaciones de las exportaciones. No estamos hablando de un sector industrial típico, en cuyo caso, sea como sea, es el Estado el principal y con frecuencia el único comprador de la producción. No se pueden mantener al mismo tiempo dos discursos opuestos: o "hay que disponer de estas armas por razones de seguridad nacional" independientemente de su coste ya que se suele decir que la seguridad no tiene precio, o "el mercado nacional para el mismo nunca justificará las cuantiosas inversiones derivadas de la producción de armas ". Pretender mantener ambas cosas como verdades simultáneas invalida las dos afirmaciones. En cualquier caso, exportar para "rentabilizar costes" no exime a las empresas, autoridades y ciudadanos de la responsabilidad política de vender armas a dictaduras, países que violan los derechos humanos o naciones en guerra.
¿Se puede controlar internacionalmente el comercio de armas con pactos o tratados?
Teóricamente sí. Resultaría posible establecer acuerdos entre países suministradores para reducir el volumen de transferencias, impedir el de cierto tipo de armas o la exportación a determinados países. Sin embargo, los intentos han sido pocos y sin éxito. Queda la posibilidad de limitaciones y control a partir de acuerdos de Naciones Unidas o embargos adoptados por organismos internacionales. En cuanto a Naciones Unidas, las ideas han sido numerosas. En 1978, en ocasión de la I Sesión Especial dedicada al Desarme, todos los Estados miembros prometieron que los receptores y proveedores iniciarían conversaciones para limitar las transferencias de armas convencionales. Hasta ahora no se ha pasado de este estado inicial de promesa.
Por tanto, los acuerdos internacionales, aunque son bien deseables, no suelen funcionar por: la falta de datos claros y aceptadas por todos los países sobre transferencias, los diversos intereses económicos y políticos en juego, las justificaciones de gobiernos y empresas aduciendo la libre soberanía y el derecho a la libre empresa.
Resulta, pues, imprescindible, fomentar los controles a nivel de Estado de la producción y exportación de armas.
¿Puede un país determinado controlar las transferencias y exportaciones?
Puede hacerlo. Hay, sin duda, dificultades políticas, económicas, legales, técnicas (establecer un listado claro de qué se entiende por "arma") pero, una vez más, tenemos que decir que se puede hacer lo que realmente se desea hacer. Países como Suecia o Austria lo han hecho, optando por políticas restrictivas de sus exportaciones. Los países que optan por políticas claramente restrictivas reciben la presión del complejo militar-industrial. No resulta difícil oír cosas como estas: "si no las vendemos nosotros, alguien lo hará ... de hecho, mejor que nos aprovechamos nosotros ...", ni tampoco recurrir a tráfico de influencias, sobornos y chantajes.
Hay países que las exportaciones de armas tienen que ser aprobadas en los Parlamentos respectivos, otros tienen comisiones parlamentarias que controlan las exportaciones para seguir las operaciones triangulares y diversas exportaciones encubiertas a través de certificaciones de destino falsas, etcétera. La política española, a pesar de la actual legislación, es muy permisiva.
¿Hay medidas indirectas que fomenten las limitaciones del comercio de armas?
Hay, efectivamente. Entre otros: a) recortar los presupuestos militares; b) dedicar los recursos ahorrados al desarrollo (sin aceptar que por "desarrollo" se entiendan cosas como vender camiones para uso militar a un país en vías de desarrollo), c) impedir que las ventas de armas a países del Tercer Mundo se hagan con créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) o créditos blandos a bajo interés, d) iniciar un proceso de conversión de las industrias bélicas en industrias dedicadas a la producción de bienes socialmente útiles.
¿Es realmente posible convertir la industria de armamentos?
Ciertamente sí. No se trata de una promesa irrealizable. En primer lugar, existen ejemplos y propuestas muy elaboradas en diversos países. En segundo lugar, los criterios generales, para el caso español, a falta de estudios concretos coordinados con los sindicatos, son bien claros: a) los productos alternativos deberían utilizar esencialmente las mismas destrezas en su producción que ya tienen los trabajadores actuales , b) los productos alternativos deberían producirse en el mismo lugar de trabajo, utilizando las fábricas, líneas de montaje y recursos materiales ya existentes, con las innovaciones y nuevas inversiones adecuadas, c) los nuevos productos deberían ser factibles y necesarios, es decir, productos susceptibles de ser comprados por el público o por el gobierno, d) los trabajadores no deberían trasladarse, e) la totalidad del proceso de conversión exigiría planificación, decisión y realización total y absolutamente democrática.
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