jueves, 1 de noviembre de 2012

Arrestan en Texas a la candidata a la presidencia de EE.UU. por el Partido Verde


Jill Stein, la candidata a la presidencia de EE.UU. por el Partido Verde, ha sido arrestada en el estado de Texas mientras intentaba llevar víveres a los activistas acampados en un bosque en señal de protesta por la construcción del oleoducto Keystone XL, según informan los activistas.
Los ecologistas sostienen que el la construcción del oleoducto Keystone XL, que debería cubrir una distancia de 2.700 kilómetros entre Alberta (Canadá) y la Costa del Golfo estadounidense, liberará una enorme cantidad de gases de efecto invernadero. El proyecto supone una inversión de 13.000 millones de dólares.
La anterior detención se produjo el 17 de octubre.
En aquella ocasión la Policía arrestó a Stein cuando intentaba entrar sin autorización previa al recinto donde tenía que celebrarse el debate presidencial entre los candidatos del Partido Demócrata y del Republicano, Barack Obama y Mitt Romney, respectivamente. Stein, de 62 años de edad, es una doctora titulada en Harvard y candidata del Partido Verde, a la que 'The New Yorker' definió como “la candidata de Occupy”, el movimiento de protesta. Stein promulga una agenda progresista tanto en empleo como en políticas energéticas y medioambientales, así como en sus propuestas económicas y sociales.
Stein, de 62 años de edad, es una doctora titulada en Harvard y candidata del Partido Verde, a la que 'The New Yorker' definió como “la candidata de Occupy”, el movimiento de protesta.
Stein promulga una agenda progresista tanto en empleo como en políticas energéticas y medioambientales, así como en sus propuestas económicas y sociales.
El pasado 24 de octubre RT transmitió en directo los debates de los candidatos que no pertenecen a los partidos principales. En el debate dirigido por Larry King participaron el candidato del Partido Libertario, Gary Johnson; Rocky Anderson, del Partido de la Justicia, Virgil Goode, del Partido de la Unión Constitucional, y Jill Stein. La candidata por el Partido Verde y el gobernador y candidato del Partido Libertario Gary Johnson discutirán de nuevo antes de las elecciones. RT transmitirá en vivo el debate el 5 de noviembre desde Washington.

No miremos hacia otro lado...!Esta sucediendo en el Aaium!


En estos momentos la ciudad del Aaiún, en el Sahara Occidental, se encuentra rodeada de policías marroquis, impidiendo que las Asociaciones de Derechos Humanos, puedan reunirse con el enviado especial de la ONU, Cristopher Ross.
Me acaban de comunicar que están en estado de sitio.No dejan salir de las casas a los Saharauis.

martes, 30 de octubre de 2012

¿De que se rie Sr. Ministro?

http://youtu.be/Gfqg4GNq2
Mario Benedeti

¿Es realmente necesario el gasto en armamento, en España?

Los principales contratos de armamento firmados por el ministerio de Defensa (y actualmente en vigor) se han incrementado ya en 10.000 millones de euros respecto a su coste inicial.
Estos 49 contratos (ver tabla arriba) que incluyen aviones, helicópteros, tanques, buques, misiles y hasta submarinos, fueron encargados por un valor total de 20.964 millones de euros. Ahora, su coste real es ya de 30.121 millones. Así lo revela unexhaustivo estudio del Centro de Estudios para la Paz.
El fabricante del Eurofighter es uno de los grandes acreedores del Gobierno españolEl contrato para comprar 87 cazas Eurofighter, firmado en 1997, tenía un coste inicial de 6.363 millones de euros. Los 87 cazas cuestan ahora 11.470 millones. "Nuevas variables provocan que suba el precio de un contrato. Por ejemplo, que la tecnología avanza y el mismo avión trae nuevos diseños técnicos que elevan su precio", señala Pere Ortega, uno de los investigadores del centro.
En el caso del Eurofighter, señala Ortega, España ha pedido retrasar la entrega de 15 de estos  87 cazas, prevista para este año. "Esta demora de tres años subirá los costes". El fabricante del Eurofighter es uno de los grandes acreedores del Gobierno español. De hecho, las arcas públicas deben desembolsar este año 1.171 millones para pagar la deuda contraída por el contrato de este caza.
La deuda a la industria lastra todo el presupuestoEse es el gran talón de Aquiles del ministerio de Defensa español: la deuda generada con la industria armamentística, que es ya de 32.000 millones, más que todo el gasto previsto para prestaciones de desempleo en 2013 (26.000 millones) y lo que recauda el Estado por el impuesto de sociedades (19.000 millones).
De hecho, en septiembre el Consejo de Ministros aprobó un crédito especial por valor de 1.782 millones de euros para abonar parte de la deuda acumulada con los proveedores. No solo habrá que pagar  los 1.171 millones del Eurofighter, también 242 millones por el tanque Leopard, 76 millones por el helicóptero Tigre y 187 millones por los Buques de Acción Marítima. "La deuda a la industria lastra todo el presupuesto", concluye Ortega.

Menos horas de vuelo

Pero, en un contexto de crisis tan fuerte como la que vivimos, ¿es necesario este gasto tan fuerte en armamento, con contratos comprometidos durante tanto años? La respuesta parece que es no, teniendo en cuenta que el propio Gobierno retrasa las entregas de este material y que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) reconocía hace pocos días en el Congreso que los pilotos han tenido que reducir sus horas de vuelo de 85.000 a 65.000, "las mínimas que necesitan los pilotos  para asegurar niveles de seguridad", debido a las restricciones presupuestarias.
Si la crisis se agudiza, "se pueden perder capacidades esenciales de Defensa", enfatizó el Jemad. Pero hay más. En 2013 el 50% de los vehículos del Ejército de Tierra estáran parados para no gastar en combustible: de 1.400 ejercicios se pasarán a 650. Y la plantilla total de los tres Ejércitos se verá reducida el año que viene en 3.572 efectivos.

El presupuesto baja un 11%

España ocupa el 10º puesto mundial en gasto militar. El presupuesto de Defensa para 2013 es de 5.936 millones, un 11% menos que este año, una reducción mucho menor que la que han sufrido otras carteras como Educación (-17%) y Sanidad (-15%). El Centro de Estudios para la Paz, no obstante, asegura que las cuentas de Defensa están "infravaloradas", ya que no se imputan otros gastos militares incluidos en otros ministerios. Así, la cifra se eleva a 15.000 millones.

¿La exportación de armas es inevitable? 

La verdad es que no necesariamente. Todo depende de si se produce sólo por razones de seguridad o si se produce para exportar. Sin embargo, las declaraciones oficiales suelen ser circulares: la industria de armamentos asegura la capacidad de defensa; considerados los precios actuales de los productos bélicos, la viabilidad de la industria exige aumentar la producción para reducir costes, la sobreproducción, sin embargo, exige exportar. 
Lo cierto es que hay industrias creadas en función de la exportación y no de la satisfacción de las necesidades del mercado interior. Hay países donde sólo se exporta una cuarta o quinta parte de la producción (Suecia, Alemania), otros, como Italia, exportan por el contrario un 70% de su producción. 
España (como Francia y Gran Bretaña) exporta entre un 40 o 50% de la producción del sector, lo que significa que muchas armas son diseñadas para ser vendidas en el exterior. 

¿La exportación de armas tiene que ver con criterios políticos? 


Justificar la exportación hablando de la necesidad de reducir costes y de rentabilizar el esfuerzo de investigación y desarrollo supone olvidar el carácter político de la industria de defensa. Todo la industria de defensa es favorecida y fomentada por los gobiernos; todo goza de incentivos y subvenciones; existen legislaciones o reglamentaciones de las exportaciones. No estamos hablando de un sector industrial típico, en cuyo caso, sea como sea, es el Estado el principal y con frecuencia el único comprador de la producción. No se pueden mantener al mismo tiempo dos discursos opuestos: o "hay que disponer de estas armas por razones de seguridad nacional" independientemente de su coste ya que se suele decir que la seguridad no tiene precio, o "el mercado nacional para el mismo nunca justificará las cuantiosas inversiones derivadas de la producción de armas ". Pretender mantener ambas cosas como verdades simultáneas invalida las dos afirmaciones. En cualquier caso, exportar para "rentabilizar costes" no exime a las empresas, autoridades y ciudadanos de la responsabilidad política de vender armas a dictaduras, países que violan los derechos humanos o naciones en guerra. 

¿Se puede controlar internacionalmente el comercio de armas con pactos o tratados? 

Teóricamente sí. Resultaría posible establecer acuerdos entre países suministradores para reducir el volumen de transferencias, impedir el de cierto tipo de armas o la exportación a determinados países. Sin embargo, los intentos han sido pocos y sin éxito. Queda la posibilidad de limitaciones y control a partir de acuerdos de Naciones Unidas o embargos adoptados por organismos internacionales. En cuanto a Naciones Unidas, las ideas han sido numerosas. En 1978, en ocasión de la I Sesión Especial dedicada al Desarme, todos los Estados miembros prometieron que los receptores y proveedores iniciarían conversaciones para limitar las transferencias de armas convencionales. Hasta ahora no se ha pasado de este estado inicial de promesa. 
Por tanto, los acuerdos internacionales, aunque son bien deseables, no suelen funcionar por: la falta de datos claros y aceptadas por todos los países sobre transferencias, los diversos intereses económicos y políticos en juego, las justificaciones de gobiernos y empresas aduciendo la libre soberanía y el derecho a la libre empresa. 
Resulta, pues, imprescindible, fomentar los controles a nivel de Estado de la producción y exportación de armas. 

¿Puede un país determinado controlar las transferencias y exportaciones? 


Puede hacerlo. Hay, sin duda, dificultades políticas, económicas, legales, técnicas (establecer un listado claro de qué se entiende por "arma") pero, una vez más, tenemos que decir que se puede hacer lo que realmente se desea hacer. Países como Suecia o Austria lo han hecho, optando por políticas restrictivas de sus exportaciones. Los países que optan por políticas claramente restrictivas reciben la presión del complejo militar-industrial. No resulta difícil oír cosas como estas: "si no las vendemos nosotros, alguien lo hará ... de hecho, mejor que nos aprovechamos nosotros ...", ni tampoco recurrir a tráfico de influencias, sobornos y chantajes. 
Hay países que las exportaciones de armas tienen que ser aprobadas en los Parlamentos respectivos, otros tienen comisiones parlamentarias que controlan las exportaciones para seguir las operaciones triangulares y diversas exportaciones encubiertas a través de certificaciones de destino falsas, etcétera. La política española, a pesar de la actual legislación, es muy permisiva. 

¿Hay medidas indirectas que fomenten las limitaciones del comercio de armas? 

Hay, efectivamente. Entre otros: a) recortar los presupuestos militares; b) dedicar los recursos ahorrados al desarrollo (sin aceptar que por "desarrollo" se entiendan cosas como vender camiones para uso militar a un país en vías de desarrollo), c) impedir que las ventas de armas a países del Tercer Mundo se hagan con créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) o créditos blandos a bajo interés, d) iniciar un proceso de conversión de las industrias bélicas en industrias dedicadas a la producción de bienes socialmente útiles. 

¿Es realmente posible convertir la industria de armamentos? 

Ciertamente sí. No se trata de una promesa irrealizable. En primer lugar, existen ejemplos y propuestas muy elaboradas en diversos países. En segundo lugar, los criterios generales, para el caso español, a falta de estudios concretos coordinados con los sindicatos, son bien claros: a) los productos alternativos deberían utilizar esencialmente las mismas destrezas en su producción que ya tienen los trabajadores actuales , b) los productos alternativos deberían producirse en el mismo lugar de trabajo, utilizando las fábricas, líneas de montaje y recursos materiales ya existentes, con las innovaciones y nuevas inversiones adecuadas, c) los nuevos productos deberían ser factibles y necesarios, es decir, productos susceptibles de ser comprados por el público o por el gobierno, d) los trabajadores no deberían trasladarse, e) la totalidad del proceso de conversión exigiría planificación, decisión y realización total y absolutamente democrática.

La caza..¿Es un deporte el dolor ajeno?...Subvencion para clases de caza para niños...


 SUBVENCION DESTINADA A CLASES DE CAZA PARA NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS...mientras el país no tiene para comer, ni pagar sus hipotecas...


San Pedro Alcantara, SpainLa Junta de Castilla y León aprobó la subvención de Clases de Caza para niños de 7 a 12 años en los colegios públicos de la Comunidad de Castilla-León. Este deleznable acuerdo fue firmado a petición de la Federación de Caza de esta comunidad y para el mismo ya se están destinando 303.000 euros procedentes de los impuestos de todos los contribuyentes.
El convenio acordado contempla distintas actuaciones, y fue firmado por la exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, del PP de Castilla y León, y el portavoz de los cazadores de la región, Santiago Itumendi Mauregui, exmilitar que preside la federación de caza. Dicho acuerdo, que se remonta al 29 de noviembre de 2010, establece la puesta en marcha de un programa denominado: “CAZADOR PO UN DÍA”, dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años de edad, “en el que al margen de explicarles el porqué la caza es necesaria, se les muestre a través de jornadas prácticas cómo se caza”.
Por su parte, Santiago Inturmendi, para justificar la puesta en marcha de estas clases de caza, llegó a asegurar que el sistema educativo enseña “LA CULTURA DEL BAMBI” –dice el presidente de los cazadores castellanoleoneses–, donde se les dice a los niños que los cazadores son malos y los ciervos son buenos”. Tampoco se salvan los medios de comunicación, a los que el cazador acusa también de “intoxicación informativa generalizada contra esta actividad”.
La única pretensión de este acuerdo sin base moral ni sentido común, lo único pretende fomentar un nefastamente calificado como 'deporte', para generar nuevas licencias y garantizar el futuro del negocio de la caza y por supuesto la venta de armas. Además, y sin pudor alguno, se pretende institucionalizar llevándola a los centros escolares. Existe otra pretensión a modo de subterfugio que no es otra que rebajar la edad de tenencia de armas y permisos de caza.
Aparte de la ofensa a la vida y a los animales, este acuerdo supone acercarnos episodios de violencia y matanzas con armas de fuego que lamentablemente ya se han vivido en institutos y centros de enseñanza de otros paises. 
Inculcar a nuestros hijos la cultura de la violencia y del desprecio por la vida que es en definitiva la caza, no es más que fomentar un mundo de mayor violencia, y depositar nuestra esperanza en sociedades basadas en la dependencia de las armas de fuego.

lunes, 29 de octubre de 2012

Y si no la hay.. sin duda la habrá...(Querida libertad...)


3.000 euros por preguntar

La organización Access Info Europe tendrá que pagar por querer saber las medidas de España contra la corrupción



Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe / SAMUEL SÁNCHEZ
Preguntar al Gobierno sale caro. La organización no gubernamental Access Info Europe, que lucha por la transparencia informativa, ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar 3.000 euros de costas por querer conocer las medidas que ha adoptado España para luchar contra la corrupción. El Supremo sostiene que los datos solicitados son una forma de pedir explicaciones al Ejecutivo y no una petición de información en sí. La sentencia se conoce justo cuando el Parlamento está tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. España es, precisamente, el único país europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una legislación que ponga coto al secretismo de la Administración y abra los archivos de todas las instituciones que reciben fondos públicos.
La pregunta de los 3.000 euros fue formulada en marzo de 2007 (ya se sabe que la justicia es lenta) y su destinatario era la Presidencia del Gobierno, que la rebotó al Ministerio de Justicia. Al no obtener respuesta de este departamento, Access Info interpuso un recurso contencioso-administrativo en el que exponía que se había conculcado el derecho fundamental a recibir libremente información y que la Administración no había cumplido con su obligación de dictar una resolución expresa en todos los procedimientos.
Lo que la ONG quería saber era concretamente el “desarrollo legislativo derivado de la adhesión de España al convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y al convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción”. Con el silencio administrativo, Justicia le dio carpetazo a la cuestión. Pero Access Info recurrió a los tribunales y la Audiencia Nacional sentenció que la Constitución no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar según qué datos. “No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación incluya un deber general de la Administración a informar sobre cualquier materia”, resolvió.
En su recurso al Supremo, la ONG invocó las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de acceso a los datos públicos. Expuso también el artículo 20 de la Constitución (libertad de expresión y de opinión) y el 23 (derecho a la participación de los ciudadanos en la vida pública).
El Supremo, según Access Info, reconoce que la Administración incumple con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo para acabar condenando en costas a quien reclama amparo judicial. Para Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, “esta situación es bastante sorprendente, especialmente para un país que está diciendo a la comunidad internacional que está haciendo esfuerzos por mejorar la Ley de Transparencia”.
Así es como los ciudadanos se han quedado sin saber qué está haciendo el Gobierno para luchar contra la corrupción, qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas o públicas, o con qué recursos (materiales y humanos) se cuenta para llevar a cabo esta misión. Mantener oculta esta información hace de España una excepción. Países como Argentina, Chile, Colombia o Armenia facilitaron en tiempo y forma los datos reclamados por Access Info Europe. “Es una situación que roza lo ridículo y que además de seguir sumando derrotas a la transparencia en España, perjudica aún más la imagen de las instituciones públicas”, apunta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info. La organización confía en que con la Ley de Transparencia que tramita el Parlamento, España deje de estar en la lista de países opacos. Ahora la pelota está en el tejado del Constitucional y en el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos.

Que tiene de negativo el foie-gras?Por qué consumirlo?


California ecologista..Valencia..¿cuando en normativas de protección animal?

La ciudad de Los Ángeles y el estado en el que se encuentra -California- se caracterizan por tener una legislación más preocupada que la Europea en aspectos de derechos animales. El pasado mes de junio, por ejemplo, se prohibió la venta de foie gras en todo su territorio para evitar el maltrato a las aves con las que se elabora.
Ojalá algún día nuestra ciudad esté a la vanguardia del respeto a los animales, en vez de deber a las protectoras, cuando sus lideres políticos van de trama en trama...
¿Por que no comer foie-gras?
Los patos son privados de libertad,se les obliga a ingerir cantidades desproporcionadas de comida introduciendosela a la fuerza con un tubo hasta el estómago. cuando el hígado aumenta de 8 a 10 veces su tamaño, se les extirpa para degustación de los paladares mas delicados....